Informe Subregional
Situación de la Discapacidad en Guatemala, Honduras y Nicaragua
Introducción
Actualmente la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS) con el apoyo de la ONG internacional CBM está implementando el proyecto “Fortalecimiento institucional de las Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (OPDF ) en Guatemala, Honduras y Nicaragua”, que a mediano plazo (3 años) plantea contribuir al cambio para contar con OPDF fortalecidas y participando en la implementación de acciones de abogacía por los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Ante la necesidad de contar con información actualizada sobre la situación de las personas con discapacidad en Guatemala, Honduras y Nicaragua, como parte del proyecto, se planificó desarrollar un diagnóstico a nivel subregional con enfoque interseccional sobre dos temas interrelacionados, a) las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos y b) el nivel de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad (CDPD) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La investigación se realizó entre enero y agosto del 2022, a través de un proceso de consulta participativo e inclusivo que incluyó entrevistas, grupos focales, encuestas en línea, así como una investigación de escritorio en materia de discapacidad y derechos humanos, en las Repúblicas de Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Los resultados de la investigación será el insumo principal de las mesas multiactor que se organizarán con representantes de los diferentes actores que trabajan en el área de discapacidad (Gobierno, OPD, Academia, Empresa privada, ONG locales, ONG internacionales, Agencias de Naciones Unidas), para definir áreas prioritarias y objetivos comunes a trabajar de forma conjunta.
Resumen Ejecutivo
El objetivo de la investigación fue desarrollar un diagnóstico a nivel subregional con enfoque interseccional sobre dos temas interrelacionados: a) Las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos y b) El nivel de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad (CDPD) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La investigación contempló tres componentes. En primer lugar, una revisión de escritorio, en la que se recopiló y analizó información sobre el marco legal, investigaciones previas y el nivel de cumplimiento de los ODS y CDPD en torno al tema de discapacidad en Guatemala, Honduras y Nicaragua. En segundo lugar, un componente cualitativo mediante entrevistas y grupos focales para recabar información sobre las opiniones y experiencias de personas con discapacidad, familiares, personas de apoyo, organizaciones de personas con discapacidad y de la sociedad civil, así como instituciones de gobierno. En tercer lugar, un componente cuantitativo con la implementación de encuestas en línea desarrolladas para cada uno de los grupos objetivo.
Se contó con la participación de 1,261 personas, de las cuales 597 son personas con diferentes tipos de discapacidad y 58 OPD/OIPD, 33 OSC y 33 organismos de gobierno.
El estudio reveló que, a pesar de los esfuerzos implementados por los gobiernos y organizaciones, persisten barreras de diversa índole que afectan el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.
Las barreras actitudinales en los ámbitos de educación, salud y trabajo se manifestaron a través de experiencias de discriminación, actitudes negativas y negación de derechos y servicios por la condición de discapacidad. Destacó en todos los ámbitos la percepción de que falta capacitar al personal que atiende y brinda servicios desde las diversas instituciones a personas con discapacidad, así como la falta de toma de conciencia en general para su inclusión.
Se encontró que barreras a la información y comunicación también limitan el acceso a los servicios básicos. Existe una carencia importante de materiales informativos accesibles para personas con discapacidad en los servicios públicos y privados, por ejemplo, el contar con opciones de subtitulado y servicio de Lengua de Señas en las instituciones de educación, salud y en comunicaciones oficiales.
Respecto a las barreras físicas, la investigación reveló que las personas con discapacidad consideran que existen pocas o nulas adecuaciones cuando acuden a los servicios de educación, salud y gobierno. Además, se destacó que el trasporte público es insuficiente, no es accesible para personas con discapacidad y el personal no está capacitado para atenderlos. Esta situación, deriva en una reducción de la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad.
Por parte de familiares y personas de apoyo de personas con discapacidad, se encontró que, ante la falta de un sistema de cuidados y/o apoyos de los gobiernos en los tres países, son las familias quienes apoyan principalmente a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de su desarrollo. Sin embargo, la distribución del tiempo dedicado al cuidado es inequitativo al interior de las mismas familias, pues son las mujeres quienes dedican más tiempo, principalmente las madres, a las actividades de cuidado respecto de los hombres.
Los familiares de personas con discapacidad necesitan contar con mayores apoyos (económicos, de acompañamiento, servicios de salud, técnico, entre otros) por parte de organizaciones y los gobiernos.
Las OPD/OIPD, requieren fortalecer sus capacidades desarrollando habilidades blandas y habilidades técnicas, requieren de tecnología, material adaptado y accesible, requieren de recursos financieros para llevar a cabo sus proyectos; orientación inclusiva para desarrollar microemprendimientos, fortalecer liderazgos para el relevo generacional y mayor involucramiento en la negociación política.
Las OSC que trabajan el tema de discapacidad son muy diversas en los tres países. En el rubro de la Cooperación Internacional, existen diversas organizaciones que brindan apoyos técnicos, capacitación y financiamiento a proyectos relacionados con el tema de discapacidad, pero todavía falta que ese apoyo llegue a las comunidades rurales o más alejadas, así como contar con mayor apertura de los gobiernos para que más actores de cooperación puedan llegar.
En el Sector Educativo, se identificó la prevalencia de modelos de educación especial, lo cual imposibilita materializar un modelo de educación inclusiva basado en derechos humanos.
En el Sector Salud, existen varios retos para eliminar las barreras, empezando por la accesibilidad física de los centros de salud, que incluye equipamiento y dispositivos adecuados, la capacitación al personal para atender a las personas con discapacidad, la información y comunicación accesibles y el consentimiento informado de las personas con discapacidad.
Un reto para los gobiernos es contar con sistemas para evaluar y certificar integralmente a la discapacidad, así como la falta de mecanismos fiscales que garanticen el acceso a los apoyos y descuentos que promueve el carné de discapacidad.
En el Sector Empresarial existen esfuerzos de algunas empresas para la contratación de personas con discapacidad, sin embargo, falta mayor compromiso para lograr una verdadera inclusión laboral que permita reconocer que las personas con discapacidad son capaces de trabajar de forma similar cuando se cuentan con las adaptaciones y ajustes razonables correspondientes.
A nivel de gobierno, falta una armonización de la legislación con la CDPD en los tres países, así como mayor voluntad política para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y el cumplimiento de las leyes y tratados internacionales en la materia.
Además, se necesitan mejorar sustancialmente los mecanismos de denuncia ante violaciones de derechos humanos y que sean accesibles y seguros para las personas con discapacidad.
Un aspecto relevante es la falta de fuentes de información estadística oficiales (censos, encuestas y registros administrativos) que incluyan la variable discapacidad de manera transversal y que conceptualmente sean comparables a nivel internacional. Contar con datos sobre la prevalencia de la discapacidad por tipo y grado, así como variables sociodemográficas básicas es muy importante para poder realizar políticas públicas, proyectos de incidencia y seguimiento a los avances en la materia, tales como el nivel de cumplimiento de los ODS y la CDPD.
En este sentido, con base en los resultados del Informe Subregional, se pudieron apreciar las percepciones y experiencias de las personas con discapacidad participantes relacionadas con el cumplimiento de dichos tratados internacionales.
El Contexto Subregional
La distribución de personas con discapacidad de acuerdo con el tipo de discapacidad es heterogénea en los tres países, lo cual responde a la manera de captar esta información. En Guatemala se utilizó la metodología del Grupo de Washington, en la que se considera a las personas con discapacidad como aquellas que reportan tener dificultades o no pueden realizar actividades como ver (aun usando lentes), oír (aun usando aparato auditivo), caminar, subir escaleras, recordar o concentrarse o para el cuidado personal. Del total de personas con discapacidad (al menos una dificultad), el 67.3% fue relacionada con discapacidad visual, 32.7% con motriz, 25.7% auditiva, 20.8% dificultad para recordar o concentrarse, entre otras (Ver Cuadro 1).
En Honduras, las personas con discapacidad son aquellas que reportaron dificultad para realizar las actividades como ver (aun usando lentes), oír (aun usando aparato auditivo), moverse o caminar, usar sus brazos o manos, si tiene alguna deficiencia mental, hablar y cuidarse a sí mismo. Se captó solo una dificultad por persona, pues la suma de los porcentajes da 100%. Del total de personas con discapacidad, el 27.6% se relaciona con discapacidad visual, 8.9% con discapacidad auditiva, 29.8% con motriz, entre otras (Ver Cuadro 1).
En Nicaragua, la información disponible corresponde al registro del Programa “Todos con voz”. El tipo de discapacidad con mayor porcentaje registrado fue el de discapacidad físico-motriz con 41%, seguido de discapacidad intelectual 23%, discapacidad visual 12%, discapacidad auditiva 9%, dos o más discapacidades 8%, entre otras (Ver Cuadro 1).
1.2 Tratados internacionales, marco legal y normativo.
Adopción de instrumentos internacionales
Las Repúblicas de Guatemala, Honduras y Nicaragua han ratificado y adoptado instrumentos en derechos humanos y derecho humanitario, tanto Cartas, como Convenios, Tratados, Protocolos, Principios y Convenciones; sin embargo, ninguno de los tres países se ha adherido a las Convenciones contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, ni de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores.
El siguiente cuadro nos permite identificar el estado y año de ratificación, firma o adhesión, por parte de los Estados guatemalteco, hondureño y nicaragüense, de algunos tratados internacionales específicos sobre discapacidad y generales de derechos humanos que contemplan a las personas con discapacidad.
Leyes y normatividad nacionales
En el informe “Marco legal de los derechos de las personas con discapacidad: América Latina y el Caribe” (BID, 2021) se ha definido el grado de compatibilidad de las legislaciones de los diferentes países de la región, de acuerdo con la definición de discapacidad planteada por la CDPD y los derechos consagrados en ellas.
De esta manera, se considera que la legislación de Nicaragua es altamente compatible con la Convención; la legislación de Honduras es medianamente compatible; y la legislación de Guatemala es poco compatible (BID 2021. Págs. 34 y 35).
Aun cuando los tres países cuentan con normatividad referente a las personas con discapacidad, se encontraron referencias con términos que no corresponden al enfoque de derechos humanos de la discapacidad, tales como “minusválidos” en la Constitución Política de la República de Guatemala: “deficientes” e “incapaces” en la Constitución Política de la República de Honduras, y «discapacitados» en la Constitución Política de la República de Nicaragua, entre otras.
De los tres países, solamente el Estado nicaragüense cuenta con una Ley posterior y armonizada con la Convención (Ley No. 763/2011. De los Derechos de las Personas con Discapacidad) y su Reglamento; en los tres países se reconoce, a través de su legislación, la Lengua de Señas (LENSEGUA, LESHO y LSN).
1.3 Planes, programas y políticas públicas sobre discapacidad
Tanto Guatemala, Honduras y Nicaragua, han implementado y ejecutan diversos programas y políticas públicas de atención a personas con discapacidad a través de sus Planes Nacionales de Desarrollo: la “Política Nacional de Desarrollo K’atun, Nuestra Guatemala 2032”; al momento de redactar el presente estudio, el nuevo gobierno de la República de Honduras no había definido su plan nacional, pero cuenta con el “Marco de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo 2022-2026”; y el “Plan Nacional de lucha contra la pobreza para el desarrollo humano 2022-2026” de Nicaragua.
De manera específica, Guatemala cuenta con la “Política Nacional de Discapacidad”, implementada desde 2008 y que se encuentra a cargo del CONADI; la “Política de Educación Inclusiva para la Población con Necesidades Educativas Especiales, con y sin Discapacidad” y las “Políticas de Atención a la Población con Discapacidad” de la Universidad de San Carlos.
Honduras implementó el programa “Honduras para Todos”, iniciativa contra la discriminación y a favor de la inclusión de las personas con discapacidad, que se coordina con el programa “Vida Mejor” para otorgar beneficios y ayudas técnicas hasta el año 2021; la “Política de Educación Inclusiva”, aunque prevalece la educación especial; y la “Política de Protección Social”, alineada con los ODS.
Nicaragua ejecuta el programa “Todos con Voz”, a través de 19 sistemas locales de atención; también cuenta con diversos programas que consideran a las personas con discapacidad de manera transversal: “Plan Techo”, “Calles para el pueblo”, “Casas maternas” y “Educación temprana”, “Las casas de necesidades especiales para las personas con discapacidad”, “Programa Amor para los más chiquitos y Chiquitas” y el “Modelo de Salud Familiar Comunitario MOSAFC”.
Sistema de Evaluación y Certificación de la discapacidad
Un sistema para la valoración y certificación de la discapacidad facilita a las personas con discapacidad y los gobiernos, el acceso a políticas públicas, medidas afirmativas y servicios sociales, así como a una rehabilitación integral, buscando equiparar sus oportunidades para el disfrute pleno de sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas, por medio de la formulación de políticas y programas efectivos, toda vez que son resultado del conocimiento de las necesidades específicas de este grupo poblacional.
Guatemala no cuenta con un sistema, área o responsable para la evaluación y certificación de las personas con discapacidad, como tampoco un recurso designado específicamente para ese fin. Actualmente, el Ministerio de Salud realiza evaluaciones médicas y hace referencias internas, en base a la CIF, únicamente considerando deficiencias, no barreras del entorno ni ayudas técnicas.
En Honduras, la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad (2005) menciona la atribución y emisión de la identificación de personas con discapacidad.
La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa “Honduras para Todos” emite la identificación, mediante preguntas que generan información sociodemográfica, funcionalidad, deficiencias y uso de ayudas técnicas, para la definición del grado de discapacidad. La identificación ofrece a las personas con discapacidad el acceso a servicios (descuentos, medicamentos, consultas médicas, incentivos fiscales, becas, empleo, entre otros).
En Nicaragua, la Ley N° 763/2011 establece el objetivo de la certificación de la discapacidad, la emisión del carnet, el órgano certificador y los apoyos a los que podrán ser acreedoras las personas portadoras del carnet (acceso al empleo y programas gubernamentales, descuentos en transporte, espectáculos y eventos; exenciones tributarias; medicamentos, ayudas técnicas, entre otros).
En los tres países se identificaron los mismos retos respecto a que las personas que viven en áreas rurales o zonas alejadas de la Capital difícilmente pueden acceder al registro y carnet o credencial respectivos. Asimismo, se carece de un sistema de evaluación y certificación integral, con un grupo multidisciplinario capacitado para el levantamiento de información tanto de deficiencias como barreras y facilitadores del entorno, que pueda emitir un certificado de discapacidad acorde al modelo social y de derechos de la discapacidad.
Sistema de Protección contra la discriminación a personas con discapacidad y la interseccionalidad de edad, género y etnia
En los tres países existen instancias de apoyo en la recepción de denuncias por violaciones de derechos humanos. Contribuyen a la protección del estigma y la discriminación y cuentan con áreas especializadas para brindar atención que considere la interseccionalidad.
Asimismo, los países cuentan con mecanismos para el monitoreo y seguimiento de recomendaciones de los sistemas de protección de derechos humanos. Sin embargo, no existe una figura que obligue el cumplimiento de las recomendaciones internacionales. Mientras que, en Guatemala y Honduras, los sistemas de monitoreo se han llevado a cabo con apoyo de la cooperación alemana (GIZ-BMZ), en Nicaragua con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El siguiente cuadro resume las instancias y mecanismos con los que cuenta cada país para la atención de la defensa de derechos de las personas con discapacidad.
Gestión inclusiva de riesgos
Las Repúblicas de Guatemala, Honduras y Nicaragua han avanzado en materia de gestión inclusiva de riesgos al estar localizadas en una de las regiones del mundo más propensas a sufrir eventos hidrometereológicos, donde huracanes, terremotos, sequías, inundaciones y erupciones volcánicas son las principales amenazas. Aunado a ello, los tres países cuentan con un alto porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad, lo cual reitera la necesidad de fortalecer sus capacidades de respuesta ante los riesgos y los desastres.
Guatemala cuenta con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), creada por el “Decreto 109-96 de la Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres”; está integrada por el Consejo Nacional para la Reducción de Desastres; la Junta y Secretaría Ejecutiva para la Reducción de Desastres y las Coordinadoras Regionales (CORRED), Departamentales (CODRED), Municipales (COMRED) y Locales (COLRED).
Honduras instaló el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), a través de la Ley del mismo. Es el sistema de participación y articulación de las instituciones del Estado, empresa privada y organizaciones de la sociedad civil del país, para prevenir, reducir o controlar los niveles de riesgo en el territorio nacional.
El SINAGER cuenta con la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), que realiza estudios y trabajos con elementos de accesibilidad para personas con discapacidad, incluidos simulacros; de esta manera se transversaliza la inclusión de las personas con discapacidad
Nicaragua instaló el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (SINAPRED), en cumplimiento a la Ley No. 337, Ley creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (2000)[3]. Se rige por un Comité Nacional, cuenta con el Fondo Nacional de Desastres y con partida presupuestal propia.
1.5 Cooperación internacional al desarrollo subregional
La cooperación internacional al desarrollo es una herramienta relevante en países del Sur global mediante la cual se llevan a cabo acciones de incidencia conjuntas entre dos o más países en temáticas que abonen al desarrollo social, económico y medioambiental desde un enfoque de sostenibilidad y derechos humanos.
Los canales de la cooperación internacional refieren a cooperación técnica (asistencia técnica, becas, donaciones, intercambio de buenas prácticas) y cooperación financiera (prestamos o donaciones de dinero o en especie) para el fortalecimiento de capacidades en gobiernos locales, el desarrollo de alianzas estratégicas y la asociatividad en organizaciones de la sociedad civil, principalmente.
La cooperación se realiza a través de tres grandes modalidades; Ayuda Oficial al Desarrollo, Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular.
Barreras Identificadas
2. Las barreras identificadas que enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos
Conocimiento de derechos y tratados
Para avanzar en el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, es fundamental que las personas conozcan sus derechos y se apropien de ellos. La encuesta reveló que la mayoría de las personas con discapacidad participantes en los tres países conocen o han escuchado acerca de los Derechos Humanos, particularmente en Guatemala y Honduras (9 de cada 10 personas los conocen) y en Nicaragua se observó menor conocimiento (7 de cada 10 personas). Los Derechos Humanos son asociados principalmente como instrumentos para la igualdad entre las personas, mecanismos de defensa y de acceso a la justicia, entre otros.
En los tres países se notó la falta de conocimiento sobre cuáles son las instituciones encargadas de defender los derechos de las personas con discapacidad, pues poco más de la mitad de los participantes no conocen dichas instancias.
Barreras y facilitadores actitudinales
Las barreras actitudinales se expresan como actitudes y acciones derivadas de estereotipos, estigmas y prejuicios negativos sobre las personas con discapacidad que llevan a la discriminación, exclusión y negación de derechos de este grupo.
Las personas con discapacidad experimentan con frecuencia la discriminación y la negación de derechos básicos, tales como el acceso a servicios de salud, educación, apoyos del gobierno, al trabajo, al acceso o permanencia en establecimientos (negocios, centros comerciales o bancos), entre otros.
En Guatemala y Honduras, más de la mitad de las personas con discapacidad participantes afirmaron haber experimentado situaciones de discriminación por su condición de discapacidad en los últimos 5 años. En Nicaragua le sucedió a casi una de cada tres personas.
Barreras y facilitadores en la información y comunicación
Las barreras a la información y comunicación ocurren ante la falta de medios de comunicación alternativos en actividades cotidianas de personas que requieren apoyo en la audición, lectura, escritura, habla o entendimiento. Por ejemplo, la Lengua de Señas y subtitulado en videos, textos en Sistema de Lectoescritura Braille, documentos accesibles para ser interpretados por lectores de pantalla, lectura fácil, material disponible en lenguas indígenas, entre otros.
Se identificó que los tipos de discapacidad visual, auditiva, sordoceguera e intelectual enfrentan mayormente este tipo de barreras. Asimismo, se encontró que la presencia de barreras en la información y comunicación prevalecen en los tres países en los servicios de educación, salud y transporte, así como en el ámbito laboral.
En el ámbito de gobierno, se encontró que raramente o nunca se cuenta con comunicación accesible mediante subtitulados e intérprete de Lengua de Señas en las comunicaciones y eventos oficiales. La percepción de esta carencia es particularmente mayor en Honduras que en Guatemala y Nicaragua. Respecto a los sitios web del gobierno, los participantes de los tres países coincidieron que persiste un nivel bajo o muy bajo de accesibilidad, lo cual implica una barrera a la información, servicios y trámites que deberían estar al alcance de cualquier persona.
Barreras y facilitadores del entorno físico
Las barreras físicas representan obstáculos para el desplazamiento de las personas con discapacidad, particularmente las personas con discapacidad física o motriz y/o visual tienen mayores dificultades para acceder a espacios como escuelas, transporte público, centros de salud, parques, lugares de trabajo, hoteles, restaurantes y cualquier otro espacio público o privado que no cuente con las adaptaciones necesarias (rampas para silla de ruedas, elevadores, piso podotáctil, señalética, baños accesibles, estacionamiento, semáforo auditivo, entre otros).
La investigación reveló que este tipo de barreras físicas todavía se encuentran muy presentes en diversos ámbitos del desarrollo de las personas con discapacidad, particularmente en las escuelas, los servicios de salud, el transporte público, durante los procesos electorales, en el sector privado, entre otros.
Familiares de personas con discapacidad y/o personas de apoyo
En la mayoría de los casos, el rol que desempeñan los familiares de las personas con discapacidad es muy importante para garantizar el acompañamiento, sustento y cuidado de las personas con discapacidad. A nivel regional, se observó que son las familias las que, por lo general, asumen la responsabilidad de sacar adelante a sus familiares con discapacidad en prácticamente todos los ámbitos del desarrollo, pues a pesar de los esfuerzos y de la apertura por parte de los gobiernos, el apoyo todavía no es suficiente.
Las Organizaciones de Personas con Discapacidad (OPD)
Participación e incidencia de las OPD/OIPD
La estructura y la coordinación de las OPD y OIPD es relevante para incidir en las políticas de gobierno del país, así como para obtener recursos públicos y privados que les permitan llevar a cabo sus propios proyectos y programas. En cada país se observaron particularidades en las organizaciones.
En Nicaragua destacan dos federaciones que aglutinan a la mayoría de las OPD y OIPD, específicamente la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FECONORI) y la Federación de Mujeres con Discapacidad de Nicaragua (FEMUCADI). Existen otras OPD independientes fuera de las Federaciones, siendo la minoría.
En Honduras también se organizan mediante redes de OPD/OIPD. En este país existen tres principales redes: Federación Nacional de Madres, Padres y Familias de Personas con Discapacidad de Honduras (FENAPAPEDISH); Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH); y Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras (FENOPDIH). Asimismo, hay otras OPD independientes, pero son la minoría.
A diferencia de Nicaragua y Honduras, Guatemala sigue un modelo de organización más individual en el que no existe una Federación o red de organizaciones que aglutine a la mayoría de las OPD/OIPD; sin embargo, organizaciones como la Asociación Nacional de Sordos de Guatemala (ASORGUA), la Federación de Ciegos de Guatemala (FECIGUA), la Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad (AGPD), Fundación Alex (FUNDAL), Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos, Colectivo Vida Independiente, entre otras, trabajan en algunas temáticas, de manera integral con otras organizaciones.
Vinculación de OPD/OIPD con gobierno y tomadores de decisiones
Las OPD/OIPD se vinculan con el gobierno desde diversas vías, dependiendo de las temáticas en las que se busca generar incidencia y de las alternativas de vinculación disponibles.
En Guatemala se observó que las OPD con más vínculo a gobierno están en la capital, al tener mayor contacto con el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI Guatemala), el Ministerio de Educación, Salud y Trabajo, entre otros, así como con la Procuraduría de los Derechos Humanos. La participación en proyectos de gobierno se da mediante convocatorias públicas o invitaciones dirigidas a determinadas organizaciones.
En el caso de Nicaragua, las Federaciones (FECONORI y FEMUCADI) y las otras OPD/OIPD independientes forman parte del Gabinete del Poder Ciudadano de las Personas con Discapacidad, coordinado por el Ministerio de Salud (MINSA), que es un espacio de colaboración y participación desde donde las OPD/OIPD articulan su quehacer con diversas instancias del gobierno de Nicaragua. Las convocatorias a programas de gobierno se socializan en el Gabinete y mediante las Federaciones a sus organizaciones afiliadas.
En Honduras las tres redes de OPD/OIPD establecen vínculos con entidades de gobierno, principalmente, la DIGEDEPDI dentro de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). La forma en que se socializan las convocatorias a programas de gobierno es mediante la información que las redes brindan a sus organizaciones afiliadas.
En los tres países se observa que son las OPD/OIPD en la capital y el entorno urbano las que tienen más posibilidades de vincularse y participar en programas de gobierno. Aun así, en el caso de Honduras y Nicaragua existe un respaldo y apoyo de las Federaciones hacia sus OPD/OIPD afiliadas en zonas rurales o con menor posibilidad de comunicarse con el resto del país.
Fortalezas, necesidades y retos para el desarrollo
Se encontró que las OPD/OIPD detectan diversas fortalezas en sus propias organizaciones que se pueden clasificar en los ámbitos de capital humano, cultura organizacional, desarrollo organizacional, así como fuentes de ingresos y recursos económicos (ver Cuadro 8).
Las necesidades expresadas por las OPD/OIPD fueron muy similares en los tres países. Principalmente se relacionaron con cuestiones propias del desarrollo organizacional, como el contar con más capacitaciones en temas variados y acceso a tecnologías; aspectos relativos a mejorar sus estrategias para la incidencia y la negociación política, ampliar la capacidad de gestión de fondos, el involucramiento de más OPD a las que no se ha tenido acceso desde las Federaciones, aspectos como el relevo generacional, vinculado con aspectos de la cultura organizacional, entre otros (ver Cuadro 9).
El nivel de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la implementación de la Agenda 2030 y sus ODS
Avances y retos subregionales
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)
En general, en Centroamérica ha habido algunos avances en cuanto a la implementación de la CDPD, pero aún hay grandes retos.
Los Estados de Guatemala, Honduras y Nicaragua han presentado informes al Comité de Expertos de la Convención, que recibió también algunos informes alternativos y respuesta a las Lista de Cuestiones y Observaciones Finales. La información general se encuentra en el siguiente cuadro:
El Comité de Expertos realizó algunas recomendaciones a los Estados de Guatemala y Honduras, respecto a su Informe Inicial: y todavía no publica la respuesta a la Lista de Cuestiones ni ha enviado Observaciones Finales del Estado de Nicaragua.
La CDPD y la Agenda 2030 y sus ODS
Asimismo, los Estados de Guatemala, Honduras y Nicaragua adoptaron la Agenda 2030 y cuentan con instancias para su seguimiento.
Guatemala tiene un sistema de seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030 a través del Plan Nacional de Desarrollo “K’atun, Nuestra Guatemala 2031”, política nacional a largo plazo que articula planes, políticas y proyectos mediante la coordinación interinstitucional, pública y privada. Dentro del Plan se buscó la convergencia con la Agenda 2030 y los ODS, mediante indicadores de proceso, de resultado y de impacto; la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) es el organismo encargado del acompañamiento técnico.
La instancia definida por Honduras es la Comisión Nacional, que incluye a gobierno central, municipalidades, organizaciones de sociedad civil, sector privado, organizaciones obreras, academia. La Comisión es considerada de Alto Nivel por sus integrantes. También se constituyó una Comisión Técnica, conformada por los Gabinetes Sectoriales del país, representantes técnicos que participen en la Comisión Nacional y representantes del Instituto Nacional de Estadísticas. Las dos Comisiones son coordinadas, a su vez, por las Secretaría de Coordinación General de Gobierno (a nivel de Secretaría de Estado).
En Nicaragua, el Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza para el Desarrollo Humano 2021-2026 establece el marco mínimo de temas e indicadores que serán «atendidos para alcanzar niveles aceptables de desarrollo, en concordancia con los ODS», coordinadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN).
Como parte de sus mecanismos de seguimiento y revisión, la Agenda 2030 invita a los Estados miembros a realizar informes periódicos, o Informes Nacionales Voluntarios (INV), del progreso respecto a los ODS.
Los países han enviado los siguientes Informes:
El cumplimiento de los ODS en materia de discapacidad y su correspondencia con los artículos de la CDPD.
De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) existen cinco que mencionan explícitamente el tema de discapacidad en sus metas e indicadores:
- ODS 4. Educación de calidad
- ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
- ODS 10. Reducción de desigualdades
- ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
- ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos
Y seis Objetivos que, aunque no mencionan el tema, son relevantes en la materia:
- ODS 1. Pobreza
- ODS 3. Salud y bienestar
- ODS 5. Igualdad de género
- ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
- ODS 13. Acción por el clima
- ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
Medir el grado de avance de estos Objetivos, constituye una tarea compleja, pues en Guatemala, Honduras y Nicaragua no existen fuentes de información estadística oficiales y actualizadas que permitan contar con datos desagregados para la población con discapacidad que posibiliten dar seguimiento a los indicadores establecidos en cada meta.
No obstante, la presente Investigación Subregional, además de recabar información sobre Leyes, programas y políticas públicas que abonan al cumplimiento de los ODS y la CDPD, así como de estudios previos relacionados, también permite conocer las percepciones y experiencias de las personas con discapacidad relacionadas con su cumplimiento. Ver información detallada en el informe subregional completo.
En Guatemala si existen censos y encuestas que consideran la variable de discapacidad, sin embargo no hay información disponible para el seguimiento de todos los indicadores de las metas que recuperan el tema de discapacidad.
Conclusiones
Mecanismos de protección para personas con discapacidad (marco legal y políticas del país)
En los tres países:
- Se detecta falta de armonización de la legislación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (ONU, 2006). Asimismo, todavía hace falta destinar un presupuesto para llevar a cabo acciones y garantizar su cumplimiento de forma transversal en el país.
Sistema de referenciación interinstitucional de la discapacidad
En los tres países:
- Es necesario involucrar a más instancias de gobierno que brindan servicio al público (salud, educación, trabajo, gestión de riesgos, etc.) para que velen por el cumplimiento de los derechos humanos en todos los niveles (estatal, departamental, municipal), generando así un mayor alcance en la identificación y referenciación de las personas con discapacidad desde un enfoque interseccional.
Sistema oficial de evaluación, identificación y certificación de la discapacidad
En los tres países:
- Se observa la ausencia de un sistema para evaluar y certificar integralmente a la discapacidad mediante un grupo multidisciplinario capacitado para hacer el levantamiento de información considerando deficiencias y barreras-facilitadores del entorno, que posibilite la emisión del certificado de discapacidad con enfoque de derechos humanos.
Barreras y facilitadores que perciben las personas con discapacidad en el ejercicio de derechos
- Barreras actitudinales.
- En el ámbito educativo, a pesar de los esfuerzos, prevalecen actos de discriminación en todos los niveles de educación; se requiere motivar y encaminar la voluntad política hacia la toma de conciencia e inclusión para las personas con discapacidad.
- En los servicios e instituciones de salud falta promover el compromiso con el tema de la discapacidad desde el enfoque de derechos humanos, brindar una mayor capacitación y toma de conciencia del personal para atender correctamente a las personas con discapacidad. Se detectó alta vulneración de derechos sexuales y reproductivos a mujeres con discapacidad.
- En el ámbito del trabajo se detectaron actitudes de rechazo de colaboradores hacia las personas con discapacidad, incluso donde se trabaja el tema de discapacidad. A la mayoría de las personas con discapacidad que buscaron empleo se les negó, principalmente, por su condición de discapacidad a pesar de contar con la experiencia y la escolaridad solicitada. Falta más capacitación para que los procesos de contratación y adaptación de puestos laborales sea realmente accesible. Diversas mujeres reportaron tener libertad limitada para decidir sobre el uso que dan a su dinero.
- Barreras en la comunicación. Existe una falta generalizada de accesibilidad a la información y comunicación, así como de ajustes razonables por parte de las instituciones que ofertan servicios al público. Se requiere material informativo accesible en los servicios públicos y privados con opciones de subtitulado y servicio de Lengua de Señas en las comunicaciones oficiales.
- Barreras en el entorno físico Persisten diversas barreras en el entorno físico e infraestructura en servicios públicos y privados de educación, salud y transporte.
- Barreras en el transporte. El servicio de transporte público es inaccesible física y socialmente por las actitudes de conductores y pasajeros. Falta infraestructura adaptada para brindar el servicio a personas con discapacidad, falta asientos reservados y la cantidad de rutas y unidades que brindan el servicio es insuficiente. En contextos rurales las condiciones son aún más inaccesibles. Esta carencia limita el derecho a la autonomía de muchas personas con discapacidad cuando no logran utilizar el transporte público.
Nota: Ver conclusiones completas en el informe subregional.
Recomendaciones
Recomendaciones dirigidas a los Estados
Respecto a los mecanismos de protección (prevención y respuesta a violación de derechos humanos) para personas con discapacidad
- En línea con la recomendación del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, se recomienda realizar una actualización y armonización legislativa a la luz de la CDPD, que integre el enfoque Social y de Derechos Humanos considerando los recursos económicos, materiales y humanos necesarios, y considerando la atención a otras identidades subrepresentadas y en situación de desventaja (mujeres, niñez, adultos mayores, pueblos originarios y comunidades tribales, entre otros).
- Se recomienda reglamentar la legislación, designar un presupuesto para materializar su implementación mediante acciones definidas en materia de servicios de salud accesibles, inclusión educativa y laboral, principalmente, así como dar un seguimiento puntual a su cumplimiento.
- Se recomienda responder oportunamente a los compromisos internacionales que ha adoptado el Estado en materia de discapacidad, particularmente la CDPD y su Protocolo Facultativo.
Sistema de referenciación para atender discapacidad con enfoque interseccional
- Se recomienda diseñar e implementar una metodología con enfoque interseccional para la atención a las personas con discapacidad que considere las necesidades propias de la condición y particulares (género, edad, pertenencia a un pueblo indígena); a fin de aplicarla en instituciones de gobierno encargadas de brindar atención a las personas en los tres niveles de gobierno (estatal, departamental y municipal).
- Se recomienda capacitar de forma constante a personas funcionarias públicas en las instituciones para diseñar e implementar políticas transversales que permitan avanzar consistentemente en el cumplimiento de la CDPD y los ODS en materia de salud, educación, trabajo, protección de derechos, gestión inclusiva de riesgos, entre otros.
Sistema de medición, evaluación y certificación de la discapacidad
- Se recomienda actualizar las fuentes de información estadística oficiales, particularmente, censos y encuestas representativas que permitan medir la prevalencia de la discapacidad bajo el enfoque social; que retome criterios conceptuales y metodológicos comparables a nivel internacional, para conocer la magnitud, las necesidades, las características particulares y las condiciones de vida de este sector poblacional; así como para tener cifras para dar seguimiento a los ODS y a las Observaciones de la CDPD.
Sistema de denuncias por discriminación y violación de derechos
- Se recomienda informar y capacitar a las personas con discapacidad y sus familiares respecto a la cultura de la denuncia, cuáles son las instituciones encargadas de defender los derechos de las personas con discapacidad y los pasos a seguir para realizar denuncias en entornos urbanos y rurales desde una perspectiva de interseccionalidad. Especialmente, asegurar que mujeres y personas indígenas con discapacidad conozcan cómo identificar situaciones de discriminación múltiple (por motivos de género, discapacidad e identidad indígena/afro) garantizando materiales y formatos de comunicación accesibles, incluidas Lengua de Señas y lenguas indígenas.
- Se recomienda generar campañas de difusión para concientizar a personas servidoras públicas y personal que brinde servicios a personas con discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad para erradicar los prejuicios y estereotipos. Es relevante que las capacitaciones profundicen la situación particular que enfrenta cada colectivo a la luz de las barreras, necesidades y apoyos, reconociendo la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, principalmente en referencia a la salud mental y orfandad de infantes y adolescentes con discapacidad.
Nota: Ver recomendaciones completas en el informe subregional.